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El 19 de marzo de 2020 el pleno del Consejo de Salubridad, presidido por el secretario Jorge Alcocer, reconoció la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una “enfermedad grave de atención prioritaria”; por ello el 24 de marzo de 2020 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación se emitió un Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020), dentro del cual entre otras cosas se establecen:

a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico;

b) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios.

En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior.

En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.

Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

 Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado;

Es importante resaltar que en dicho acuerdo se establece que las relaciones laborales continuaran de manera regular independientemente de la suspensión de labores que se implementen con motivo de las disposiciones de la Secretaria de salud.

Ahora bien, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, indicando que la Secretaría de Salud sería la encargada de determinar todas las acciones necesarias para atender la emergencia del COVID-19.

Es importante aclarar que dicha declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor NO se equipara en ningún momento a una declaratoria de contingencia sanitaria, misma que es regulada por el artículo 42 BIS de la Ley Federal del Trabajo, es por ello que, por ningún motivo, se pagara la indemnización establecida en el artículo 429 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.  Al respecto la Secretaria del Trabajo y Previsión social se pronunció a través de su Secretaria Luisa María Alcalde (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1677184132422763&id=427049720769550?sfnsn=scwspwa&extid=2fA42KbtqIeIyF2j&d=w&vh=e).

Por lo anterior, el 31 de marzo de 2020, la Secretaria de Salud emitió un Acuerdo en donde establece acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar  (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020), dentro del cual entre otras cosas se establece:

l. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;

ll. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales:

El acuerdo de 31 de marzo de 2020 fue ampliado mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación con fechas 6 y 8 de abril de 2020.

Mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de abril de 2020, se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020; para quedar como sigue:

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;

Por todo lo antes narrado el derecho laboral ante el VIRUS SARS CoV2 (COVID-19), NO cuenta con legislación específica frente a una pandemia de tal magnitud, es por ello que, en caso de que el patrón sea una de las actividades catalogadas como esenciales, podrá seguir operando y deberá implementar en el centro de trabajo las medidas sanitarias adecuadas emitidas para la emergencia sanitaria por las autoridades competentes.

Por otro lado, si el patrón no es considerado como actividad esencial determinará la suspensión de labores como medida preventiva para evitar el contagio y/o la propagación de la epidemia, los empleados tendrán derecho a recibir su salario íntegro de conformidad con lo establecido en sus contratos individuales y/o colectivos de trabajo. Asimismo, en caso de que las operaciones de la empresa y los servicios que prestan los empleados lo permiten, los patrones podrán solicitar a los empleados que trabajen desde su casa, y en su caso, los trabajadores tendrán derecho al pago completo de sus salarios y beneficios.

Es importante señalar que, dada la situación de falta de regulación, existe la posibilidad de que patrones y trabajadores lleguen a distintos acuerdos, en los que se modifiquen las condiciones de trabajo, siendo de vital importancia y recalcando que debe ser un acuerdo entre las partes y no una imposición del patrón.

Post Author: Abogadoslyg